• Las empresas españolas no PYMES tendrán nueve meses para realizar auditorías energéticas o implantar un sistema de gestión energética en sus instalaciones

El 12 de febrero de 2016, el Consejo de Ministros aprobó el texto  por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012 relativo a la eficiencia energética. Establece el marco regulatorio de la eficiencia energética en España en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, y promoción de la eficiencia energética. 

Tras dos borradores y un proceso de consulta pública, después de más de un año y medio desde que finalizara el plazo de transposición de la Directiva 2012/27/UE y con un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea el pasado mes de octubre, la publicación de este decreto es un paso esencial para que España llegue al objetivo del 20 por ciento de ahorro energético para 2020. La finalidad de esta directiva es promover el uso de las energías renovables y poner en marcha medidas efectivas de eficiencia energética en los sectores residencial, terciario, transporte e industria.

Según el artículo 8 de la Directiva, todas las empresas que no sean PYME, independientemente del sector de actividad, están obligadas a cumplir el requisito de realizar una auditoría energética cada cuatro años o bien a implementar un sistema de gestión energética o ambiental —certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes—, siempre que los Estados Miembro garanticen que el sistema de gestión del que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a unos criterios mínimos que aseguren su eficacia y que la Directiva recoge en su Anexo VI.